Transparentar la información y evitar la corrupción será la propuesta de la empresa mexicana Isatek, que está detrás de la criptomoneda Amero, a gobiernos de todos los niveles, organismos, organizaciones y empresas a través del uso de su blockchain. Así lo informó El Financiero, el 6 de mayo.

“Amero ofrece su tecnología blockchain, al gobierno federal, al gobierno estatal, y a los gobiernos municipales como una herramienta anticorrupción y una herramienta para procesos administrativos y presupuestos, porque se prevé que puede prevenir la corrupción”, aseguró al medio Alfonso Jiménez, director de la empresa.

El empresario explicó que a través de la cadena de bloques pueden verificar desde el origen hasta el final cada paso de un proceso administrativo o de un proceso financiero. Por consiguiente, pueden tener comunicación financiera y administrativa con el resto del mundo.

“Podemos llevar de un presupuesto, por ejemplo, que viene de la federación y pasa por el estado, o por el municipio, puede ir auditado por la por la tecnología blockchain desde su origen hasta que le llega al usuario final, que es el ciudadano el beneficiario de un programa social, o de un programa educativo”, agregó el directivo de Isatek.

seguir el ejemplo

De acuerdo con Jiménez, México podría estar a la vanguardia tecnológica si se fijara en el ejemplo de otros países de la región como Colombia.

Agregó que cuentan con las herramientas necesarias y Amero tiene ya su tecnología al 100 por ciento y pueden adecuarla para cualquier aplicación que puedan utilizar las empresas, instituciones o gobiernos. De hecho, ya ofrecen sus servicios a Tec de Monterrey, en donde todos los títulos de los egresados están encriptados en blockchain.

La lucha contra la corrupción empieza a ser bien vista por gobiernos de la región. Como informó Morocotacoin, el gobierno de Perú anunció recientemente su asociación con el emprendimiento de blockchain Stamping.io y el Banco Interamericano de Desarrollo, la principal fuente de financiamiento multilateral en América Latina, para construir un sistema de contratación inmune a la corrupción.

Imagen: El País

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