El Juez Superior de Perú, Bonifacio Meneses Gonzales, solicitó al Congreso de la República regular las criptomonedas, ante la posibilidad de que sean utilizadas para el lavado de activos.

En una entrevista concedida a Justiciatv, el jurista señaló que las transacciones económicas y comerciales realizadas a través de criptomonedas pueden ser usadas para esconder alguna modalidad de delitos, como el blanqueo de capitales.

Indicó que “Urge que el Legislativo dicte las normas adecuadas en este tipo de delitos para que quien use las criptomonedas necesariamente sea identificable; este escenario tiene que tener una regulación legislativa”.

Se refirió a la existencia del mercado de las criptomonedas como algo que es real en su país, donde hay algunos negocios de hoteles, pizzerías y otros que aceptan pagos con las criptomonedas Bitcoin, de allí que la regulación sea tan necesaria.

Meneses explicó que mucha gente en el mundo cree que el Bitcoin es la moneda del futuro, pero al  no estar regulada, es muy peligroso. “Existe el tráfico de Bitcoin y están las personas identificadas, pero al estar fuera de control pueden ser en utilizadas en negocios turbios”, acotó.

Los criptoactivos son monedas virtuales que pueden ser intercambiadas y operadas como cualquier otra divisa, pero que están fuera del control de los gobiernos y de las instituciones financieras. “Es importante capacitar a la Policía especializada y a la Fiscalía para combatir el nuevo escenario del lavado de activos con el uso de las criptomonedas”, insistió.

Sumar a las leyes que ya existen

Bonifacio Meneses Gonzales recordó que en Perú existen avances relevantes para combatir el lavado de activos a través del Decreto Legislativo N.° 1106 y el Acuerdo Plenario 01-2017 de la Corte Suprema de Justicia, los cuales lo consideran como un delito autónomo.

En tal sentido aclaró que “Al tener autonomía esta figura delictiva, ya no es necesario  demostrar antes el delito fuente o precedente, es decir, la actividad ilícita de donde proviene el dinero (narcotráfico, corrupción, trata de personas u otros). Muchas veces la procedencia del dinero para las campañas políticas, que cuestan millones de dólares, no está identificada, por eso,  ocurre el ‘pitufeo’ con la simulación de actividades como cocteles, rifas y polladas”.

“¿Cómo va a tener soporte una campaña de tres, cuatro millones de dólares o más con el aporte de personas que no tienen forma de justificar –un mecánico o una ama de casa– que luego puede aportar US$ 10 mil, US$ 50 mil dólares?”, añadió.

El Juez Superior también comentó sobre otras modalidades del delito de lavado de activos a través de los casinos y casas de juego, los autopréstamos, la sobrefaturación y la subfacturación, enfatizando en la necesidad de ejercer algunas normativas en torno a la nueva aplicación de los activos digitales, especialmente las criptomonedas, para no dejar afuera riesgos delictivos.

Imagen: Justiciatv

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