Con el argumento de que las sanciones actuales de Estados Unidos sobre el país violan una serie de normas y reglamentos de la OMC, Venezuela elevó una queja ante el organismo internacional, para que revisen las normativas correspondientes y emitan una sentencia al respecto.

En el parte oficial, las autoridades afirmaron que las «medidas coercitivas de restricción del comercio» impuestas a la criptomoneda nacional, el petro, van contra el reglamento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) del ente.

La queja fue enviada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el pasado 28 de diciembre. Sin embargo, fue el martes 8 de enero cuando oficialmente se distribuyó al Órgano de Solución de Diferencias, como estipulan las normas y procedimientos que rigen para dirimir los desencuentros comerciales entre los diferentes países.  

Argumentos contra la sanción

La delegación venezolana alega que las sanciones impuestas por el país norteamericano “parecen anular o menoscabar los beneficios resultantes para la República Bolivariana de Venezuela, directa o indirectamente en virtud de los acuerdos citados (en el reclamo)”, según el comunicado emitido por la instancia multilateral.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a ciudadanos y residentes de ese país a realizar transacciones en monedas digitales emitidas por el gobierno venezolano.

En este sentido, la queja sostiene que la orden de Trump viola el artículo XVIII: 1 del GATS. Este establece que ninguna nación que sea miembro de la OMC tratará a los servicios financieros y proveedores de servicios de una nación miembro de manera menos favorable que otras naciones miembros.

Por todo esto, el gobierno de Maduro considera las medidas como «discriminatorias«.

Las “distintas órdenes ejecutivas emanadas del gobierno estadounidense han derivado en la inclusión en listas negras, medidas coercitivas de restricción comercial al mercado de deuda soberana y de la moneda digital, que resultan discriminatorias respecto a la normativa de la OMC”, cita el comunicado.

Además, la solicitud también contempla las medidas impuestas sobre el oro venezolano. Argumentan que estas no son imparciales y razonables con las normas del organismo.

La delegación estadounidense todavía no emite una respuesta al respecto. Sin embargo, tienen hasta 60 días para hacerlo, según la normativa de la OMC. Vencido el lapso, el gobierno nacional podría pedirle al organismo que se pronuncie sobre la materia.

Imagen: Challenges.fr

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